agosto 12, 2020

¿Es una estrategia la ‘tutelatón’ por la libertad de Uribe?

ALVARO URIBE FOTO DEL FACEBOOK 1

Por Marcel Rivera Jr.

Uribistas pura sangre impulsan una estrategia similar a la que en su momento usó Gustavo Petro para frenar la destitución e inhabilidad que le impuso la Procuraduría de Alejandro Ordóñez por el lío de la recolección de basuras. Se trata de un formato que corre por las redes sociales, para que los ciudadanos la descarguen, la firmen y la instauren. Diversos sectores cercanos al hoy senador han propuesto llegar con una avalancha de tutelas como mecanismo para buscar la libertad de Uribe.

El exviceministro de Justicia Rafael Nieto en una entrevista en el programa La Noche de Rcn Televisión el 5 de agosto del presente año, donde analizaron la medida de aseguramiento con prisión domiciliaria que dictó la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia contra el expresidente y senador Álvaro Uribe. Rafael Nieto Loaiza dijo “primero no se cumple ninguna de las condiciones exigidas en la ley para privar de la libertad antes de que haya una sentencia, aquí no hay una sentencia contra el expresidente Álvaro Uribe, eso lo debe saber la ciudadanía, es solamente una medida de aseguramiento y no se cumple ninguno de los requisitos para dictar esa medida de aseguramiento de privación de la libertad contra el expresidente. Lo segundo la decisión es seriamente cuestionable yo creo que es una decisión claramente política y que responde a un sesgo antiuribista de la Corte, un sesgo que ha quedado probado por más de 15 años, el caso de George Sale, dos expresidentes de la Corte vinculado con George Sale y el magistrado Malo poné todo este moviendo a andar, manifestación de testigos (…), lo que esperan los enemigos es que se debilite al Uribismo vamos a enarbolar las banderas del Uribismo, que no se equivoquen estamos en pie de lucha” .

La llamada reserva sumarial (a la que pretende renunciar Uribe) es la prohibición de hacer pública la información de un proceso penal y su finalidad es proteger el derecho a la presunción de inocencia, la imagen y la reputación de las personas que están siendo investigadas pero aún no han sido condenadas.

Simultáneamente, el senador Álvaro Uribe acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el argumento de una supuesta violación a sus derechos políticos. Al final, la destitución de Petro y una millonaria multa que le impuso la Contraloría de Bogotá por el mismo caso se cayeron por demandas interpuestas ante el Consejo de Estado. Esa corte dictó medidas cautelares en favor del entonces alcalde que le permitieron terminar su mandato mientras había una decisión de fondo, lo que en su momento demostró que la institucionalidad colombiana tiene los mecanismos e instancias apropiadas para la defensa de los derechos de los procesados. 

Más allá del debate jurídico de fondo entre la defensa del expresidente y la Corte, los antecedentes y la jurisprudencia muestran que difícilmente la situación de Uribe cambiará por una decisión que no provenga de la misma Corte Suprema de Justicia, bien a través del mecanismo de revisión o de una decisión posterior sobre la necesidad de que el procesado siga privado de su libertad. Esta última posibilidad está abierta en cualquier momento del proceso. 

En primer lugar, una tutela la puede presentar la persona que considera afectados sus derechos, bien personalmente o a través de su apoderado. También existe la posibilidad de que lo haga un tercero, cuando la persona en situación de vulnerabilidad no puede presentar el recurso.

Ante las instancias internacionales, según han revelado cercanos al ex mandatario, la estrategia iría por tratar de alegar una vulneración de los derechos políticos de Álvaro Uribe, por su carácter de persona elegida por voto popular para el cargo y apartada del mismo sin haber una decisión definitiva en su contra.

El artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece que los derechos políticos de los ciudadanos elegidos popularmente solamente pueden limitarse en un proceso penal. Es una protección de la que Colombia es signataria, pero que tiene reservas por parte de muchos países que consideran que su aplicación sin tener en cuenta la institucionalidad existente en cada sistema podría afectar, por ejemplo, la lucha contra la corrupción pública. 

La organización Idea, que reúne a más de 40 exmandatarios de España y las Américas y de la que forma parte Uribe Vélez, se pronunció respecto a la detención del senador y líder del Centro Democrático.

“Hacemos pública nuestra solidaridad personal con el expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez, sujeto de una medida restrictiva de libertad por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia a propósito de una controversia política con otro senador de Colombia, que ha sido judicializada”.

idea

En los firmantes se encuentran expresidentes como Felipe Calderón y Vicente Fox (México), Mauricio Macri (Argentina), Nicolás Ardito Barletta (Panamá) y Andrés Pastrana (Colombia), entre otros. Uribe Vélez “mediante la política de seguridad democrática hubo de enfrentar a las fuerzas del narcotráfico en su alianza con la guerrilla de las Farc y el ELN, practicantes de crímenes atroces y de lesa humanidad”.

Los exmandatarios también se refieren a la “celebración de los actores internos y externos vinculados a las Farc, ahora partido político”, quienes, según dicen, ven como un “logro la prisión domiciliaria del expresidente mientras ayer defendían ante sus compatriotas la libertad otorgada por la misma Sala de la Corte a su camarada Seuxis P. Hernández Solarte, alias “Jesús Santrich”, acusado de narcotráfico”.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *