agosto 7, 2020

Álvaro Uribe y Diego Cadena siguen en problemas con la Corte Suprema de Justicia

LVARTO URIBE FOTO DE SU PÁGINA 21 DE JULIO

Un juez de Bogotá ordenó este jueves la detención domiciliaria de Diego Cadena, exabogado del expresidente Álvaro Uribe, acusado por la Fiscalía de soborno y fraude procesal, en un proceso paralelo al caso de manipulación de testigos que sigue la Corte Suprema de Justicia contra el exmandatario por manipulación de testigos, comenzando por la suspensión de su escaño en el Congreso mientras se define si es llamado a juicio.

El caso se remonta al año 2012, cuando Uribe presentó ante la Corte Suprema una denuncia contra el senador Iván Cepeda, un notorio opositor político del izquierdista Polo Democrático, por un supuesto complot que involucraba falsos testigos con el propósito de involucrarlo en actividades de grupos paramilitares. La investigación dio un giro en febrero de 2018, cuando el alto tribunal decidió archivar la investigación contra Cepeda e indagar en su lugar al expresidente bajo la sospecha de que fue él quien manipuló testigos en contra del legislador. En esta etapa, la investigación contra Uribe se concentra en determinar si personas de su entorno, entre ellas sus abogados, pagaron dinero y ofrecieron otro tipo de beneficios a exparamilitares para que se retractaran de sus señalamientos.

Los caminos de Uribe y Cadena se entrelazan. Ambos son señalados por los mismos delitos –soborno y fraude procesal–, pero mientras al expresidente lo investiga la Corte Suprema de Justicia, al que fue su abogado la Fiscalía General de la Nación. Ambas entidades apuntan a la manipulación de los testimonios de exparamilitares  recluidos en cárceles colombianas para favorecer al exmandatario. Uribe ha asegurado desconocer que Cadena hubiera ofrecido prebendas.

De acuerdo con la Fiscalía, Cadena y su socio, Juan José Salazar, buscaron “desarrollar actividades delictivas”, y el abogado ofreció asesoría jurídica y unos 200 millones de pesos, algo más de 50.000 dólares, a los exparamilitares Carlos Enrique Vélez y Juan Guillermo Monsalve a cambio de que declararan a favor de Uribe –y en contra de Cepeda– en el proceso que se le sigue en la Corte Suprema.

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